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La implantación de proyectos industriales y de infraestructuras en el territorio no se limita a la generación de beneficios económicos o productivos. Estos desarrollos conllevan también transformaciones y posibles impactos ambientales que, si no se evalúan y gestionan de forma adecuada, pueden derivar en riesgos significativos para la viabilidad y continuidad de la actividad.
En España, numerosos proyectos e instalaciones han tenido que afrontar responsabilidades ambientales relevantes no por falta de cumplimiento normativo ordinario, sino por no haber anticipado adecuadamente escenarios accidentales con capacidad de generar daño al medio ambiente. En este contexto, el análisis de riesgos medioambientales y el cálculo de la garantía financiera asociada se convierten en herramientas clave de gestión.
Marco normativo: lo esencial para entender la obligación
La Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, establece que los operadores de determinadas actividades están obligados a prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales que puedan causar. Para garantizar que esta obligación pueda cumplirse, la normativa exige, en determinados casos, la constitución de una garantía financiera obligatoria.
El Real Decreto 2090/2008, que desarrolla parcialmente la Ley, define que dicha garantía debe calcularse a partir de un Análisis de Riesgos Medioambientales (ARMA). Posteriormente, el Real Decreto 183/2015 concreta que la cuantía de la garantía corresponderá al coste del proyecto de reparación primaria, al que se añaden los costes de prevención y evitación del daño.
Más recientemente, la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, amplía esta obligación a los gestores de residuos, reforzando la importancia de estos análisis en un número creciente de actividades.
El Análisis de Riesgos Medioambientales (ARMA) como punto de partida
El ARMA es la base técnica sobre la que se construye todo el proceso. Su objetivo no es únicamente cumplir con un requisito legal, sino identificar de forma anticipada los escenarios accidentales que podrían generar un daño significativo a los recursos naturales.
Un ARMA correctamente desarrollado permite:
- Conocer el entorno y su estado de partida.
- Identificar los peligros y sucesos iniciadores asociados a la actividad.
- Analizar la vulnerabilidad de los receptores ambientales.
- Evaluar la frecuencia y gravedad de los escenarios accidentales.
Para que el análisis sea válido, debe ajustarse a la norma UNE 150008, que estructura el estudio en fases claras y trazables, facilitando además su revisión por parte de la administración competente.
Ejemplo práctico: cuando el análisis marca la diferencia
Pongamos el ejemplo de una instalación industrial ubicada en un entorno con presencia de suelos agrícolas y masas de agua superficiales próximas. En el análisis previo se identifica un escenario accidental asociado a una pérdida de contención de una sustancia peligrosa, con potencial afección al suelo y a las aguas.
La valoración de este riesgo permite definir medidas mitigadoras concretas, como la mejora de los sistemas de contención secundaria, la optimización de los planes de mantenimiento o la implantación de protocolos de respuesta temprana. Estas medidas reducen tanto la probabilidad de ocurrencia como la magnitud del daño potencial.
Si, además, estas acciones se integran de forma coherente en la operativa de la instalación, el resultado no es solo una reducción del riesgo ambiental, sino también una disminución de la cuantía de la garantía financiera asociada, al limitar el alcance del escenario de referencia.
En cambio, eludir este análisis o abordarlo de forma meramente formal puede dar lugar a escenarios de mayor impacto, incrementando la responsabilidad económica del operador y generando un riesgo reputacional y operativo significativo.
Selección del escenario de referencia y monetización del daño
A partir del ARMA se selecciona el escenario accidental de referencia, entendido como aquel que, considerando su probabilidad de ocurrencia, concentra el mayor daño ambiental y representa al menos el 95 % del riesgo acumulado de la instalación.
Sobre este escenario se realiza la monetización del daño ambiental, que incluye:
- Los costes de reparación primaria, orientados a devolver los recursos a su estado básico.
- Los costes de reparación complementaria, cuando la restitución completa no es posible.
- Los costes de reparación compensatoria, asociados a la pérdida temporal de recursos.
Para objetivar estos cálculos, se emplean herramientas reconocidas por la administración, como el Índice de Daño Medioambiental (IDM) o el software MORA.
Determinación y constitución de la garantía financiera
La cuantía final de la garantía financiera obligatoria se calcula a partir del coste del proyecto de reparación primaria, incrementado en al menos un 10 % en concepto de prevención y evitación del daño. La normativa contempla exenciones y reducciones en función del importe resultante y de la implantación de sistemas de gestión ambiental certificados, como ISO 14001 o EMAS.
Una vez determinada la cuantía, el operador debe constituir la garantía mediante seguro, aval o reserva técnica y comunicarlo a la administración competente mediante la correspondiente declaración responsable.
Conclusión: una herramienta estratégica más allá del cumplimiento
El análisis de riesgos medioambientales y el cálculo de la garantía financiera no deberían abordarse únicamente como un trámite administrativo. Bien planteados, constituyen una herramienta estratégica de gestión ambiental, que permite anticipar problemas, optimizar inversiones preventivas y reforzar la seguridad jurídica de la actividad.
Desde la experiencia de EHS Techniques, un ARMA riguroso aporta valor tanto al operador como a la administración, facilitando proyectos más robustos, mejor preparados y alineados con una gestión responsable del medio ambiente.
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